Es indiscutible que hubo acoso laboral, las miradas se posan en el PSE de Errenteria, y el actual gobierno municipal debe buscar a los responsables para defender a los ciudadanos, según el juez.
Artículo de HIRIAN (Eva Domingo) - Periódico mensual (octubre 2012, pág. 8-9)
Transcripción del artículo. Las negritas y cursivas son nuestras.
"¿Quién acosó en Errenteria?"
Una nueva sentencia contra el Consistorio afirma que éste “ha sido el
único responsable de la destrucción humana” de un trabajador
Miembros del PSE-Errenteria: Joaquín Acosta, J.C. Merino y Joseba Echarte
(de izda a dcha) que en legislaturas anteriores fueron respectivamente concejal
de Personal, Alcalde y concejal de Urbanismo y Mantenimiento Urbano
Hubo acoso laboral en el Ayto. de Errenteria. Esta circunstancia es
a día de hoy indiscutible, toda
vez que los tribunales correspondientes dictaminaron en su momento de modo
firme y definitivo a favor de cuatro trabajadores municipales
denunciantes. Por ese motivo, dos de
esas personas cobran sus pensiones por incapacidad con un recargo (40 % en un
caso y 50 % en otro), cuantía que pesa sobre el Consistorio. Hubo, por tanto,
trabajadores que sufrieron en esa administración el azote del mobbing durante
años. Más concretamente, padecieron esa situación una trabajadora
de la Guardia Municipal, un técnico del Departamento de Urbanismo, el
responsable de Mantenimiento Urbano y el responsable de Protección Civil.
Dilucidada
la primera cuestión, son otras dos
grandes preguntas las que flotan en el aire en relación con estos
gravísimos casos. La primera, ¿quién
acosó? La segunda, ¿llegarán a pagar
el acosador o los acosadores por el mal infligido a esas personas?
Una
nueva sentencia (de julio 2012) en uno de esos dos casos ya probados ha vuelto
a otorgar máxima actualidad al tema. El juez ha decidido la indemnización que
deberá recibir del Ayuntamiento quien fuera técnico de Urbanismo, en esta
ocasión por secuelas no laborales y por
daño moral; es decir, por las mermas que la secuela laboral le causa en su
vida personal y en su entorno familiar y social. Esa indemnización ha sido
fijada en 284.022,81 euros más intereses, cantidad notablemente inferior a la
que solicitaba el trabajador, que sufrió acoso entre 1997 y 2007, año en que le
fue reconocida una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. El
magistrado se muestra contundente al concluir que “el Consistorio ha sido el único responsable de esta destrucción humana
del recurrente. El comportamiento y
actitud del Consistorio hay que calificarlo como antijurídico”, asegura.
La
lectura de esta última sentencia resulta escalofriante y da idea de las
gravísimas consecuencias que el acoso laboral puede tener en las personas.
Afirma el juez “que era un hecho notorio
(incluso trascendió a la prensa) que el recurrente no era una persona cómoda y
manejable. Quizás hubo soterradas e inconfesables razones que explicaran el
drama del recurrente. Pero éste no es el cauce para averiguarlas. Sus
atribuciones laborales le obligaban a emitir informes con trascendencia y
repercusión en la sociedad civil de la población. Sus posicionamientos exclusivamente técnicos parece que no siempre eran
del agrado de los políticos de turno”.
Y
añade que “su actitud firme, que
posiblemente pudiera ser la más beneficiosa para la población de Errenteria, le
ha frustrado una carrera profesional que pudo ser brillante, de no haberse
topado con su propia conciencia. La inhumana presión a la que estuvo
sometido le produjo un trauma vital, pues ha visto destruida la vida de una
persona preparada y responsable. Todas sus ilusiones y la superación personal y
profesional, fruto de un continuo esfuerzo y estudio, han fenecido”. Relata la
sentencia que “a consecuencia del trato
vejatorio que sufrió durante tantos años, padece una afectación sicológica
grave, distinta a psíquica, que le produce un continuo pesar: Lo que hizo que
su vida diaria en el trabajo y en la familia se convirtiera en un calvario. Y a
este amargor del que no podía liberarse le llamamos daño moral”.
¿Hasta
dónde permite mandar a un jefe la jerarquía establecida en una empresa? ¿Dónde
está el límite que nunca debe rebasarse? Esta sentencia emitida por el Juzgado
nº 5 de Donostia los establece de la siguiente manera: “Resulta obvio que toda
relación laboral implica un cierto sometimiento de quién presta los servicios
al empleador. Pero esta obligación de
cumplir con las instrucciones del empleador tiene el límite impuesto por el
respeto a la persona y a los criterios y opiniones del empleado, y la
aceptación de unas tareas, si están bien realizadas, que integran el contenido
de las funciones de este último”, explica.
En
palabras del juez, “este debate alcanza niveles elevados cuando el empleador es
la Administración pública”. Así, “en ella, el
empleado o funcionario tiene asumidas unas atribuciones, que vienen definidas
en el perfil del puesto que ocupa después de la oposición o concurso-oposición.
Adquiere un estatus especial. Y puede
hablarse de unos derechos y obligaciones que ningún superior jerárquico puede
cuestionar”. Pero,
a su entender, “el Consistorio de Errenteria se olvidó de que el recurrente, al
haber alcanzado por méritos propios un puesto de trabajo, también ostentaba
unas atribuciones intangibles que tenían que ser respetadas”.
Con
la condena de más de 280.000 € al Ayto. de Errenteria, se va a producir, según
el magistrado, “una extraña paradoja”. Porque “los ciudadanos cuyos intereses defendió la persona acosada frente a
la postura frecuente de los políticos de turno que regían en Ayuntamiento, van
a ser los que, con sus impuestos, paguen ahora la indemnización ahora fijada.
Un contrasentido. Aunque el Ayuntamiento (Bildu-IU) podrá, si así lo estima
oportuno, repetir contra quienes pudieron ser los responsables de este
desaguisado”, apunta.
LOS POLÍTICOS DE TURNO
Varias
veces a lo largo de esta sentencia, que la Alcaldía de Bildu ha decidido
recurrir, el juez apunta a los
“políticos de turno”, al referirse a las personas que tenía enfrente el técnico
acosado. Pero no va más allá.
El
sindicato ELA en el Comité de Empresa del Ayuntamiento lamenta que la Alcaldía
(Sr. Mendoza de Bildu) no haya hecho uso del plazo de cinco días estipulado para solicitar una aclaración
de sentencia. “Se podía haber pedido al juez que identificara a esas personas
responsables de los hechos”, señala Txema Urrutia, delegado de Salud Laboral
del Ayuntamiento por el citado sindicato.
El
magistrado se refiere al “Consistorio como único responsable”. Pero “quién es
el Consistorio? No serán las lámparas, las salas… Todo el mundo entiende que se refiere a la representación política, a
quien gobernaba, cuyo responsable máximo es el alcalde”, apostilla David
Otegi, también miembro de ELA, quien recuerda que “en una empresa privada las
responsabilidades se concretan de arriba abajo en la jerarquía establecida”.
Las miradas se posan en el PSE-EE de la localidad que ostentó la
Alcaldía de Errenteria en toda la época
a la que se remonta este caso de acoso y gobernó en coalición con diversos
partidos en las distintas legislaturas.
Su
actual portavos, José Angel Rodríguez, hizo en septiembre “una firme defensa de
la honorabilidad y buen hacer de los alcaldes socialistas y de los equipos de
gobierno que han regido Errenteria”, y denunció que dos ex alcaldes de su partido, en alusión a Miguel Buen y Juan Carlos
Merino, se encuentran en situación de “indefensión” por las informaciones
de prensa que apuntan hacia ellos”. A su entender, se oculta “interesadamente
que el departamento de Urbanismo, al que pertenecía el trabajador acosado,
entre los años 1995 y 2007 estuvo ocupado por representantes de PNV, Esker
Batua y Eusko Alkartasuna”.
El
portavoz del PSE-EE pidió al alcalde (y así lo ha hecho el Sr. Mendoza) que recurriera la última sentencia, “por
su nulo fundamento jurídico”, y dijo entender que es “arbitraria” y utiliza
“expresiones y juicios de valor que denotan una subjetividad completamente
alejada de la ecuanimidad y objetividad exigible a un profesional de la
justicia”, de manera que “debería ser nula de pleno derecho”.
Bien distinta es la opinión del Comité de Empresa del Ayuntamiento, que
pidió a la Alcaldía (Bildu) que no recurriera la sentencia. El sindicato ELA dice no observar voluntad política para llegar al
fondo de los casos de acoso. “Al haber decidido recurrir, el proceso se
alargará. Ese recurso puede tardar cuatro o cinco años en resolverse”, explican
Urrutia y Otegi. Entretanto, asistiremos, a su entender, a “una trampa
administrativa: se abrirá expediente informativo para investigar el caso, pero
automáticamente lo dejarán parado a la espera de que se resuelva el recurso”.
Este
sindicato opina que los actuales políticos están utilizando la excusa de que se
trata de una sentencia ambigua para no avanzar. “Son políticos, y hay líneas
que no quieren atravesar”, interpreta.
Otegi
considera que existen distintas responsabilidades en los casos de mobbing
ocurridos en el Ayuntamiento. “Están,
por una parte, los acosadores, y por otra los que han permitido esta situación”, señala. De ahí
que a nivel interno, el Ayuntamiento pudiera emprender dos tipos de actuación
distinta: “la investigación política y la depuración técnica de los
funcionarios que han hecho mal su trabajo”.
En
lo que a los segundos se refiere, podrían abrirse expedientes informativos “que
luego se transformen en disciplinarios si se ve que existió negligencia”.
Pero,
“aún ahora (con el actual gobierno
municipal Bildu-IU) se está haciendo caso de informes de técnicos que son parte del problema, porque sus actuaciones
anteriores han conducido a la situación actual”, afirman.
(parecen referirse, entre otros, a la T.A.G. de Recursos Humanos, Asun Hernández, y al arquitecto jefe de Urbanismo y miembro de la Comisión Municipal de Salud, Xabier Aguirre, quienes con sus informes y actuaciones presuntamente están torpedeando la búsqueda de la verdad y son parte del problema en los casos de acoso, según el sindicato municipal)
ELA
denuncia que la Comisión de Investigación surgida al final de la anterior
legislatura se cerró en falso, sin depurar responsabilidades. “Bien podrían
(los partidos del actual gobierno municipal Bildu-IU) haber vuelto a abrir esa comisión”, plantea.
Y
subraya que la cifra destinada
a indemnizaciones que, sentencia tras sentencia, va siendo más y más abultada,
la pagará el pueblo y podría repercutir
en las condiciones de los trabajadores municipales.
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