TODOS MIRAN AL PSE MUNICIPAL COMO CULPABLE DEL ACOSO EN EL AYTO. DE ERRENTERIA

Es indiscutible que hubo acoso laboral, las miradas se posan en el PSE de Errenteria, y el actual gobierno municipal debe buscar a los responsables para defender a los ciudadanos, según el juez.

Artículo de HIRIAN (Eva Domingo) - Periódico mensual (octubre 2012, pág. 8-9)

Transcripción del artículo. Las negritas y cursivas son nuestras.

"¿Quién acosó en Errenteria?"                                  

Una nueva sentencia contra el Consistorio afirma que éste “ha sido el único responsable de la destrucción humana” de un trabajador

Miembros del PSE-Errenteria: Joaquín Acosta, J.C. Merino y Joseba Echarte

(de izda a dcha) que en legislaturas anteriores fueron respectivamente concejal

de Personal, Alcalde y concejal de Urbanismo y Mantenimiento Urbano

 

Hubo acoso laboral en el Ayto. de Errenteria. Esta circunstancia es a día de hoy indiscutible, toda vez que los tribunales correspondientes dictaminaron en su momento de modo firme y definitivo a favor de cuatro trabajadores municipales denunciantes. Por ese motivo, dos de esas personas cobran sus pensiones por incapacidad con un recargo (40 % en un caso y 50 % en otro), cuantía que pesa sobre el Consistorio. Hubo, por tanto, trabajadores que sufrieron en esa administración el azote del mobbing durante años. Más concretamente, padecieron esa situación una trabajadora de la Guardia Municipal, un técnico del Departamento de Urbanismo, el responsable de Mantenimiento Urbano y el responsable de Protección Civil.

 Dilucidada la primera cuestión, son otras dos grandes preguntas las que flotan en el aire en relación con estos gravísimos casos. La primera, ¿quién acosó? La segunda, ¿llegarán a pagar el acosador o los acosadores por el mal infligido a esas personas?

 Una nueva sentencia (de julio 2012) en uno de esos dos casos ya probados ha vuelto a otorgar máxima actualidad al tema. El juez ha decidido la indemnización que deberá recibir del Ayuntamiento quien fuera técnico de Urbanismo, en esta ocasión por secuelas no laborales y por daño moral; es decir, por las mermas que la secuela laboral le causa en su vida personal y en su entorno familiar y social. Esa indemnización ha sido fijada en 284.022,81 euros más intereses, cantidad notablemente inferior a la que solicitaba el trabajador, que sufrió acoso entre 1997 y 2007, año en que le fue reconocida una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. El magistrado se muestra contundente al concluir que “el Consistorio ha sido el único responsable de esta destrucción humana del recurrente. El comportamiento y actitud del Consistorio hay que calificarlo como antijurídico”, asegura.

La lectura de esta última sentencia resulta escalofriante y da idea de las gravísimas consecuencias que el acoso laboral puede tener en las personas. Afirma el juez “que era un hecho notorio (incluso trascendió a la prensa) que el recurrente no era una persona cómoda y manejable. Quizás hubo soterradas e inconfesables razones que explicaran el drama del recurrente. Pero éste no es el cauce para averiguarlas. Sus atribuciones laborales le obligaban a emitir informes con trascendencia y repercusión en la sociedad civil de la población. Sus posicionamientos exclusivamente técnicos parece que no siempre eran del agrado de los políticos de turno”.

Y añade que “su actitud firme, que posiblemente pudiera ser la más beneficiosa para la población de Errenteria, le ha frustrado una carrera profesional que pudo ser brillante, de no haberse topado con su propia conciencia. La inhumana presión a la que estuvo sometido le produjo un trauma vital, pues ha visto destruida la vida de una persona preparada y responsable. Todas sus ilusiones y la superación personal y profesional, fruto de un continuo esfuerzo y estudio, han fenecido”. Relata la sentencia que “a consecuencia del trato vejatorio que sufrió durante tantos años, padece una afectación sicológica grave, distinta a psíquica, que le produce un continuo pesar: Lo que hizo que su vida diaria en el trabajo y en la familia se convirtiera en un calvario. Y a este amargor del que no podía liberarse le llamamos daño moral”.

¿Hasta dónde permite mandar a un jefe la jerarquía establecida en una empresa? ¿Dónde está el límite que nunca debe rebasarse? Esta sentencia emitida por el Juzgado nº 5 de Donostia los establece de la siguiente manera: “Resulta obvio que toda relación laboral implica un cierto sometimiento de quién presta los servicios al empleador. Pero esta obligación de cumplir con las instrucciones del empleador tiene el límite impuesto por el respeto a la persona y a los criterios y opiniones del empleado, y la aceptación de unas tareas, si están bien realizadas, que integran el contenido de las funciones de este último”, explica.

En palabras del juez, “este debate alcanza niveles elevados cuando el empleador es la Administración pública”. Así, “en ella, el empleado o funcionario tiene asumidas unas atribuciones, que vienen definidas en el perfil del puesto que ocupa después de la oposición o concurso-oposición. Adquiere un estatus especial. Y puede hablarse de unos derechos y obligaciones que ningún superior jerárquico puede cuestionar”. Pero, a su entender, “el Consistorio de Errenteria se olvidó de que el recurrente, al haber alcanzado por méritos propios un puesto de trabajo, también ostentaba unas atribuciones intangibles que tenían que ser respetadas”.

Con la condena de más de 280.000 € al Ayto. de Errenteria, se va a producir, según el magistrado, “una extraña paradoja”. Porque “los ciudadanos cuyos intereses defendió la persona acosada frente a la postura frecuente de los políticos de turno que regían en Ayuntamiento, van a ser los que, con sus impuestos, paguen ahora la indemnización ahora fijada. Un contrasentido. Aunque el Ayuntamiento (Bildu-IU) podrá, si así lo estima oportuno, repetir contra quienes pudieron ser los responsables de este desaguisado”, apunta.

LOS POLÍTICOS DE TURNO

Varias veces a lo largo de esta sentencia, que la Alcaldía de Bildu ha decidido recurrir, el juez apunta a los “políticos de turno”, al referirse a las personas que tenía enfrente el técnico acosado. Pero no va más allá.

El sindicato ELA en el Comité de Empresa del Ayuntamiento lamenta que la Alcaldía (Sr. Mendoza de Bildu) no haya hecho uso del plazo de cinco días estipulado para solicitar una aclaración de sentencia. “Se podía haber pedido al juez que identificara a esas personas responsables de los hechos”, señala Txema Urrutia, delegado de Salud Laboral del Ayuntamiento por el citado sindicato.

El magistrado se refiere al “Consistorio como único responsable”. Pero “quién es el Consistorio? No serán las lámparas, las salas… Todo el mundo entiende que se refiere a la representación política, a quien gobernaba, cuyo responsable máximo es el alcalde”, apostilla David Otegi, también miembro de ELA, quien recuerda que “en una empresa privada las responsabilidades se concretan de arriba abajo en la jerarquía establecida”.

Las miradas se posan en el PSE-EE de la localidad que ostentó la Alcaldía de Errenteria en toda la época a la que se remonta este caso de acoso y gobernó en coalición con diversos partidos en las distintas legislaturas.

Su actual portavos, José Angel Rodríguez, hizo en septiembre “una firme defensa de la honorabilidad y buen hacer de los alcaldes socialistas y de los equipos de gobierno que han regido Errenteria”, y denunció que dos ex alcaldes de su partido, en alusión a Miguel Buen y Juan Carlos Merino, se encuentran en situación de “indefensión” por las informaciones de prensa que apuntan hacia ellos”. A su entender, se oculta “interesadamente que el departamento de Urbanismo, al que pertenecía el trabajador acosado, entre los años 1995 y 2007 estuvo ocupado por representantes de PNV, Esker Batua y Eusko Alkartasuna”.

El portavoz del PSE-EE pidió al alcalde (y así lo ha hecho el Sr. Mendoza) que recurriera la última sentencia, “por su nulo fundamento jurídico”, y dijo entender que es “arbitraria” y utiliza “expresiones y juicios de valor que denotan una subjetividad completamente alejada de la ecuanimidad y objetividad exigible a un profesional de la justicia”, de manera que “debería ser nula de pleno derecho”.

 

Bien distinta es la opinión del Comité de Empresa del Ayuntamiento, que pidió a la Alcaldía (Bildu) que no recurriera la sentencia. El sindicato ELA dice no observar voluntad política para llegar al fondo de los casos de acoso. “Al haber decidido recurrir, el proceso se alargará. Ese recurso puede tardar cuatro o cinco años en resolverse”, explican Urrutia y Otegi. Entretanto, asistiremos, a su entender, a “una trampa administrativa: se abrirá expediente informativo para investigar el caso, pero automáticamente lo dejarán parado a la espera de que se resuelva el recurso”.

Este sindicato opina que los actuales políticos están utilizando la excusa de que se trata de una sentencia ambigua para no avanzar. “Son políticos, y hay líneas que no quieren atravesar”, interpreta.

Otegi considera que existen distintas responsabilidades en los casos de mobbing ocurridos en el Ayuntamiento. “Están, por una parte, los acosadores, y por otra los que han permitido esta situación”, señala.   De ahí que a nivel interno, el Ayuntamiento pudiera emprender dos tipos de actuación distinta: “la investigación política y la depuración técnica de los funcionarios que han hecho mal su trabajo”.

En lo que a los segundos se refiere, podrían abrirse expedientes informativos “que luego se transformen en disciplinarios si se ve que existió negligencia”.

Pero, “aún ahora (con el actual gobierno municipal Bildu-IU) se está haciendo caso de informes de técnicos que son parte del problema, porque sus actuaciones anteriores han conducido a la situación actual”, afirman.

(parecen referirse, entre otros, a la T.A.G. de Recursos Humanos, Asun Hernández, y al arquitecto jefe de Urbanismo y miembro de la Comisión Municipal de Salud, Xabier Aguirre, quienes con sus informes y actuaciones presuntamente están torpedeando la búsqueda de la verdad  y son parte del problema en los casos de acoso, según el sindicato municipal)

ELA denuncia que la Comisión de Investigación surgida al final de la anterior legislatura se cerró en falso, sin depurar responsabilidades. “Bien podrían (los partidos del actual gobierno municipal Bildu-IU) haber vuelto a abrir esa comisión”, plantea.

Y subraya que la cifra destinada a indemnizaciones que, sentencia tras sentencia, va siendo más y más abultada, la pagará el pueblo y podría repercutir en las condiciones de los trabajadores municipales.