La prensa apoya la dignidad de los trabajadores acosados

EDITORIAL EN PRENSA DE APOYO A LOS 4 TRABAJADORES

(Extracto del editorial de NOTICIAS DE GIPUZKOA del 05/06/2011)
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/06/05/opinion/mesa-de-redaccion/cierre-en-falso

Cierre en falso

 Y habrá que estar al loro también con el tema del mobbing de Errenteria, el caso de tres tiarrones y el de una señora hecha y derecha que han visto minada la moral y arruinada su vida por el machaque intencionado y político de algunos jefes que han conseguido anularles por no decir amén a todo.

Gente que, en medio de la desesperación, ha logrado mantener la dignidad que hace falta para levantar la cabeza y denunciar lo que les estaban haciendo.

Algo parecido debió pasar en France Télècom pero con peor suerte. Termina la legislatura pero se avecinan cuatro años de lo más interesantes...

(Artículo de ARANTZA ZULUETA, directora de Noticias de Gipuzkoa)

EL PSE DE ERRENTERIA ES EL RESPONSABLE, SEGÚN LA COMISIÓN

Según EB (Ferradas) las conclusiones de la Comisión Investigación señalan un claro responsable: EL PSE DE ERRENTERIA

(Artículo del DIARIO VASCO del 08/06/2011)
http://www.diariovasco.com/v/20110608/pasaia-errenteria/dice-conclusiones-comision-impediran-20110608.html

Para EB las conclusiones de la comisión impedirán en el futuro accidentes laborales

José Manuel Ferradas, actual concejal

del gobierno municipal de Errenteria



Ezker Batua-Berdeak ha señalado que «si alguien buscaba que la comisión de investigación sobre los casos de accidentes laborales en el Ayuntamiento de Errenteria señalase a culpables con nombres y apellidos, quizás se haya podido sentir decepcionado». Pero que «si lo que se buscaba es analizar una serie de actuaciones que dieron paso a situaciones no deseadas y la puesta en marcha de medidas para que no se vuelvan a producir, el balance puede y debe ser más satisfactorio».

A juicio de EB-B «para llegar a algún tipo de conclusiones todos debíamos dejar algo de lo que cada cual consideraba su visión de la situación. El transcurso de la comisión apuntaba a que la conclusión podía ser ninguna por los acercamientos tan contrapuestos que mostraban especialmente los grupos mayoritarios en la comisión. ¿Alguien consideraba o considera más oportuno un escenario sin conclusión alguna de ningún tipo? Desde luego EB-B no apostábamos por esa terminación».

Lectura pausada

Para EB-B las conclusiones de la citada comisión «son un resumen de situaciones que se han producido y que hay que evitar hacia futuro. Una lectura pausada y detallada de las citadas conclusiones señalan unas claras deficiencias de funcionamiento que sin duda contribuyeron a generar las situaciones vividas por algunos funcionarios».

«Políticamente las conclusiones, a juicio de EB-B, -añaden- señalan un claro responsable: el PSE-EE de Errenteria a nivel municipal y la forma en que ha gestionado determinadas situaciones. Pero, por otro lado, creemos que dilucidar quienes son las personas responsables y su grado de responsabilidad -caso de haberlas- corresponde a los jueces. Una vez los jueces hayan dictaminado en sentencia firme las posibles responsabilidades, será el momento de que la corporación adopte los acuerdos correspondientes en la línea de los tomados en el pasado pleno extraordinario del sábado 28 de mayo (de 2011)». Ver enlace:
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/05/29/economia/errenteria-analizara-si-merino-y-buen-deben-abonar-parte-de-una-multa-por-mobbing

Dicen que en EB-B «no podemos ompartir afirmaciones en el sentido de que las conclusiones son una muestra vacía de buena voluntad. Quienes las realizan, valoraron de manera positiva las conclusiones que, eso sí compartimos, pueden ser revisadas y mejoradas. Pero también, porque de estar en marcha las medidas que se apuntan hacia futuro, es bastante probable que las lamentables situaciones vividas por algunos funcionarios-as no se hubiesen dado. Si las conclusiones de la comisión sirven para que no se vuelva a dar un solo caso como los vividos, la comisión habrá merecido la pena».

Nueva Corporación

Por último, señalan que Ezker Batua-Berdeak de Errenteria «ni ignora ni pasa por alto algunas de las cuestiones que se han tratado en la comisión. Será labor de la nueva Corporación abordarlas», concluyen.

(Artículo de LUISMA RODRIGUEZ)

Un concejal del PSE reconoce los hechos

EL VOTO PARTICULAR PIDE INVESTIGAR IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR UNO DE LOS AFECTADOS

(Artículo de NOTICIAS DE GIPUZKOA del 04/07/2011)
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/06/04/economia/la-comision-elude-buscar-culpables-y-plantea-medidas-para-evitar-mas-casos-de-mobbing

CASOS DE ACOSO LABORAL EN EL AYTO. DE ERRENTERIA

La comisión elude buscar culpables y plantea medidas para evitar más casos de 'mobbing'

Los ediles de ezker abertzalea emiten un voto particular que reclama responsabilidades

Las conclusiones que firman PSE, PNV, EB y H1! pasan por alto nuevas graves acusaciones que documentó un afectado

Todos los que estamos aquí tenemos claro que eso no debería haber pasado” JOSEBA ETXARTE (Concejal PSE)

"Finalmente no ha sido intención de los grupos que forman esta comisión determinar responsabilidades de ningún tipo. No obstante, y en función de las sentencias judiciales que se vayan produciendo, corresponderá determinar si cabe señalar responsabilidades por las situaciones producidas". Con este párrafo finaliza el documento de conclusiones elaborado por la comisión de investigación política creada en el Ayuntamiento de Errenteria hace seis meses para analizar cuatro casos de acoso laboral denunciados por empleados del Consistorio en los últimos años.

Unas conclusiones que se limitan a plantear medidas de control y pedir que el "respeto" impere en las relaciones entre políticos responsables de áreas y sus subordinados. El escrito final se aferra al cumplimiento "escrupuloso" de los organigramas de trabajo y los procedimientos fijados en cada caso, para evitar así situaciones que pudieran derivar en situaciones de acoso laboral. Además, pide a los departamentos que realicen procesos de valoración periódicos para la detección de problemas y que se cree un grupo de intervención que haga cumplir todas estas medidas.

El documento fue firmado por los representantes del PSE, PNV, EB y H1! en la comisión municipal de investigación, pero no llevó la rúbrica de los tres miembros de la izquierda abertzale (no adscritos), quienes emitieron un voto particular en el que inciden en la necesidad de aplicar mecanismos encaminados a depurar responsabilidades.

Según las propias conclusiones de los ediles no adscritos (ANV) , "de la documentación aportada se deduce que estos hechos han sido posibles por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico y de las que se derivan responsabilidades que nos toca depurar. Pero es que además, en el transcurso de la comisión hemos tenido conocimiento de posibles actuaciones irregulares que la Ley nos obliga a investigar. No podemos eludir esta responsabilidad, sin probablemente incurrir en actuaciones de carácter delictivo".

El voto particular cita nuevas posibles actuaciones irregulares del Ayuntamiento, reveladas en la comisión por uno de los afectados -exresponsable de Mantenimiento Urbano-, y recogidas en papel como "trabajos de empleada municipal para empresa privada; adquisición de material a familiar directo; entrega gratuita de material municipal de obra a empresa privada; trabajos de pintura por parte de trabajadores municipales durante su jornada de trabajo en edificio privado; o "falsificación de ficha laboral".

La presentación de las conclusiones de la comisión se produjo en un clima de tensión. Se ponía sobre la mesa el trabajo de numerosas sesiones en las que han comparecido dos de los cuatro afectados -los otros dos no quisieron hacerlo-, además de los testigos que, tras escuchar las argumentaciones de los denunciantes, fueron llamados a declarar. El proceso de contrastar versiones llevó a citar en tres ocasiones a uno de ellos y en dos a otro; incluso, una vez finalizado este periodo, fueron necesarias dos reuniones más para acordar las conclusiones. Cada uno de los nueve miembros de la comisión -PSE (3), ANV (3), PNV (1), EB (1) y H1! (1)- guarda un CD con la grabación de todas las sesiones.

Investigación de manos atadas

Las dificultades para elaborar el texto final eran obvias, pues los dos casos estudiados implicaban de una u otra manera a la Alcaldía, en manos del PSE (tres miembros en la comisión), en equipo de gobierno con PNV y H1! (dos miembros más).

Esta tensión se trasladó a su vez a la rueda de prensa de presentación de las conclusiones, donde las preguntas de los periodistas molestaron al edil socialista José Ángel Rodríguez, que se remitió una y otra vez al texto de conclusiones finales cuando se pidió a los miembros de la mesa una valoración más personal de lo que han visto en el ejercicio de su labor de investigación. "Todos los que estamos aquí tenemos claro que eso no debería haber pasado", zanjó otro concejal socialista, Joseba Etxarte.

Ya el pasado sábado, el Pleno aprobó una moción de los ediles no adscritos para que se inicie un procedimiento interno que determine la posible responsabilidad patrimonial del alcalde en funciones, Juan Carlos Merino, el exalcalde Miguel Buen -ambos socialistas- y dos cargos de la Policía local en el único de los cuatro casos de acoso que cuenta con una sentencia en firme (el resto siguen en los tribunales).

Se plantea que sean los responsables de mobbing y no las arcas públicas las que hagan frente a la multa de 220.000 euros que el Ayuntamiento ha tenido que depositar en la Seguridad Social como recargo (40%) de prestaciones a una exagente de la Policía local que sufrió un "hostigamiento continuo" durante casi una década tras declarar en un juicio en contra de sus jefes en 1994.

(Artículo de MIKEL MUJIKA)

Comisión de investigación quiere evitar el acoso laboral en el ayuntamiento

LA COMISIÓN PROPONE MEDIDAS PARA EVITAR MÁS CASOS DE MOBBING

(Artículo del periódico digital HIRIAN del 07/06/2011)

La Comisión de Investigación del acoso laboral en Errenteria finaliza su actividad sin entrar a señalar responsabilidades personales

Miembros de la Comisión de Investigación creada en el Ayuntamiento de Errenteria para estudiar los casos de acoso laboral a trabajadores municipales ofrecieron el viernes 3 de junio las conclusiones definitivas de este órgano, que da por terminada la labor realizada en los últimos meses. En el texto acordado, señalan una serie de propuestas para evitar que, a futuro, puedan volver a producirse episodios de mobbing en el Consistorio.

No se entra a señalar responsabilidades personales en los cuatro casos juzgados y sobre los que existen sentencias. «En función de las sentencias judiciales que se vayan produciendo, corresponderá determinar si cabe señalar responsabilidades por las situaciones producidas», dice el documento.

Firman el citado documento de conclusiones Hamaika1, PSE-EE, EB y PNV. Entretanto, ese acuerdo no ha satisfecho a los concejales de la izquierda abertzale, que pedían ir más allá y dilucidar responsabilidades personales en los casos sucedidos. Estos ediles han procedido a emitir un voto particular, en el que valoran positivamente las medidas planteadas para evitar nuevas situaciones como las vividas, pero en el que piden que se esclarezcan responsabilidades e irregularidades varias de las que habría tenido conocimiento la Comisión de Investigación, como un caso de adquisición de material a familiar directo, trabajos de una empleada municipal para una empresa privada o falsificación de ficha laboral.

En rueda de prensa, la izquierda abertzale consideró que las conclusiones del resto de partidos en la Comisión de Investigación no pasan de ser una «declaración de buenas intenciones». En la comparecencia ante los medios, estos ediles se refirieron también a la necesidad de denunciar que el técnico de Osalan que investigaba el acoso laboral en Errenteria fuera retirado del caso, que pasó a manos del jefe de Inspección y del director general de esa entidad.

Por su parte, Ezker Batua-Berdeak ha dicho entender que «si alguien buscaba que la comisión señalase a "culpables" con nombres y apellidos, se haya podido sentir "decepcionado". Si lo que se buscaba es analizar una serie de actuaciones que dieron paso a situaciones no deseadas y la puesta en marcha de medidas para que no se vuelvan a producir, el balance puede y debe ser más satisfactorio».

En opinión de esta formación, «dilucidar quiénes son las personas responsables y su grado de responsabilidad –caso de haberlas- corresponde a los jueces. Una vez los jueces hayan dictaminado en sentencia firme las posibles responsabilidades, será el momento de que la Corporación adopte los acuerdos correspondientes». Añade este partido que si las conclusiones de la Comisión sirven para que no se vuelva a dar un solo caso como los vividos, «la Comisión habrá merecido la pena».

Pleno sobre el acoso laboral

SE PIDEN RESPONSABILIDADES A POSIBLES ACOSADORES

(Artículo de NOTICIAS DE GIPUZKOA del 29/05/2011)
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/05/29/economia/errenteria-analizara-si-merino-y-buen-deben-abonar-parte-de-una-multa-por-mobbing


Errenteria analizará si Merino y Buen deben abonar parte de una multa por mobbing

El Ayuntamiento de Errenteria aprobó ayer una moción para que se inicie un procedimiento interno de cara a exigir la posible responsabilidad patrimonial del alcalde en funciones, Juan Carlos Merino, el exalcalde Miguel Buen y dos cargos de la Guardia Municipal por un caso de mobbing sufrido por una agente de esa policía local, que ha motivado una condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que ha obligado al consistorio a pagar 220.000 euros a la afectada en concepto de recargo de prestaciones a la Seguridad Social.

El Pleno del ayuntamiento errenteriarra votó ayer -en sesión extraordinaria con este asunto como único punto del día- a favor de iniciar un procedimiento en virtud del artículo 145.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En esta disposición se recoge la posibilidad de que, cuando haya indemnizado a los afectados por un acto administrativo, la Administración correspondiente exija "de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves".

La decisión del Pleno supone que en los próximos meses se iniciará un procedimiento para dilucidar si Merino, Buen y las otras dos personas han de afrontar el pago de la responsabilidad patrimonial recogida en la condena por mobbing a la agente municipal, que sufrió "acoso sistemático por parte de sus jefes" desde que declaró contra ellos en un juicio centrado en unas detenciones realizadas de manera irregular. Dicho de otra manera, se trata de dilucidar si los dos representantes políticos y los cargos de la Guardia Municipal deben afrontar el abono de la condena en lugar de que sea él Ayuntamiento el responsable del pago.

Este caso es uno de los cuatro que han sido denunciados en el Ayuntamiento de Errenteria por acoso laboral a empleados municipales. El que motivó el Pleno de ayer es el que se encuentra en una fase más avanzada desde el punto de vista judicial, con una sentencia ya firme sobre los recargos a la Seguridad Social, y otra recurrida después de que en primera instancia se le condenara al consistorio errenteriarra a indeminizar por daños morales a la trabajadora afectada con unos 200.000 euros.

Tensión inicial

La votación se realizó en un clima calmado después de que se vivieran momentos de tensión al principio del Pleno cuando el alcalde en funciones exigió que se celebrara a puerta cerrada.

Después de esa lectura, Merino -que criticó el "contenido 100% político" de la sesión extraordinaria de ayer- quiso decretar directamente el carácter secreto del Pleno, a lo que se negaron los grupos de la oposición, que le recordaron que debía votarse esa propuesta. Finalmente los representantes de los ciudadanos de Errenteria procedieron a una votación en la que se rechazó la intención del alcalde que, pese a ello, insistió en que el Pleno debía celebrarse a puerta cerrada para proteger la identidad de las personas que podrían ser declaradas responsables patrimoniales y ordenó que se desalojara el salón.

Los representantes de la izquierda abertzale acusaron a Merino de "prevaricación" por haber adoptado una decisión a sabiendas de que no se ajustaba a una legalidad a la que él mismo había recurrido.

(Artículo de PEPE SIMANCAS)

Carta de un sindicalista

¿QUIÉN DEBE PAGAR EL ACOSO LABORAL EN EL AYTO. ERRENTERIA?

(Carta al DIARIO VASCO del 23/03/2011)
http://www.diariovasco.com/v/20110323/pasaia-errenteria/acoso-laboral-20110323.html

Acoso laboral

JAVIER SANZ. DELEGADO DE LAB

Hace pocas semanas la prensa estatal dio a conocer unos hechos que apuntan a una actitud que nos parece constructiva en el esfuerzo para eliminar el acoso laboral o mobbing. El 15 de febrero, el diario La Rioja refiere un caso de mobbing practicado contra un trabajador del Gobierno riojano cuya denuncia y proceso legal dieron lugar a una condena contra este Gobierno comunitario, que deberá indemnizar al trabajador con 81.492 euros.

El PSOE de esta comunidad ha decidido exigir que sean los responsables del acoso, y no las arcas públicas, los que paguen la indemnización, exigiendo, además, la dimisión y el cese de los responsables involucrados en los hechos. Esta actitud supone una clara llamada de atención, además de contener un efecto poderosamente disuasorio. Se trata de acabar con la impunidad, desde una posición de coherencia.por lo que no dudamos en calificar la iniciativa como altamente positiva

Lo triste de la noticia es que esta posición no parece responder a una cuestión de principios, sino a una cuestión de oportunismo político. Por desgracia, los casos de acoso laboral son mucho mas cercanos de lo que solemos sospechar. Nos referimos al Ayuntamiento de Errenteria.

Nuestro Ayuntamiento también ha sido condenado tras un proceso legal y una denuncia por un caso de mobing contra una de sus trabajadoras. También hay una sentencia que le condena a abonar un importe económico de por vida a esta trabajadora. Nuestro Ayuntamiento ya ha desembolsado para ello cerca de 230.000 euros, casi tres veces más que en el caso de La Rioja. Dinero que han aportado las arcas municipales, es decir, todos los ciudadanos.

Pero aquí no hemos visto al PSOE exigir ningún cese ni ninguna dimisión, ni mucho menos exigir que el coste recaiga sobre los responsables del acoso. Han debido ser los partidos de la oposición los que hayan exigido la creación de una Comisión de Investigación que aclare las responsabilidades. Si por algo han destacado en nuestro Ayuntamiento la coherencia y los principios, es por su ausencia. En Errenteria parece no valer lo que sí vale en La Rioja.

Y la única diferencia parece ser que la de que allí gobiernan unos y aquí gobiernan otros. Difícilmente podremos avanzar en la lucha contra el acoso laboral mientras esté sujeto a luchas partidistas.

Se crea una comisión de investigación

LA COMISIÓN INVESTIGARÁ LOS ACCIDENTES LABORALES PSICOSOCIALES TRAS CUATRO DENUNCIAS DE ACOSO

 

(Artículo de HIRIAN del 15/11/2010)

http://www.hirian.com/2010/11/15/comision-de-investigacion-sobre-el-acoso-laboral-en-el-ayuntamiento-de-errenteria/

 

Comisión de Investigación sobre acoso laboral en el Ayuntamiento de Errenteria

CUATRO SENTENCIAS DICEN QUE HUBO MOBBING EN EL CONSISTORIO

 

Jose A. Rodríguez (izda) y Joseba Echarte, concejales actuales del

PSE que estuvieron en esta Comisión Municipal de Investigación.

El primero es el actual portavoz municipal del PSE, y el segundo fue

concejal de Urbanismo y MantenimientoUrbano cuando era alcalde

Merino, y quien reconoció que los hechos no debían haber ocurrido 

 

El pleno del Ayuntamiento de Errenteria decidió a finales de octubre crear una Comisión de Investigación para aclarar las circunstancias que han provocado en los últimos años accidentes de trabajo, reconocidos como tal en sentencia firme, a cuatro miembros de la plantilla municipal.

 

Las personas afectadas son una trabajadora de la Guardia Municipal, un técnico del Departamento de Urbanismo, el responsable de Mantenimiento Urbano y el responsable de Protección Civil. A los tres primeros les ha sido concedida ya una incapacidad para ejercer su trabajo y el cuarto se encuentra en este momento de baja. Los hechos que deberán ser ahora investigados resultan especialmente graves, en cuanto que, detrás del término “accidente de trabajo”, esconden situaciones de acoso.

El caso que mayor recorrido judicial ha tenido hasta el momento es el de la trabajadora de la Guardia Municipal. En sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hace algo más de un año, se determina que «el acoso fue ejercido por sus jefes o superiores» y se señala también un «comportamiento antijurídico» del Ayuntamiento, dado que, «si hubiese evaluado el riesgo reseñado, (…) habría detectado la situación de hostigamiento continuo y prolongado vivida por la demandante entre 1995 y 2004 y habría adoptado las medidas adecuadas para ponerle fin que, previsiblemente, hubiesen evitado la descompensación psíquica severa e irreversible ocasionada por el citado  comportamiento».

Decidida la creación de esa Comisión de Investigación, los grupos municipales prefieren ser prudentes a la hora de pronunciarse sobre lo sucedido. Así, desde Ezker Batua se señala lo «complicado» del momento actual, en el que toca decidir la composición de ese órgano.

La izquierda abertzale considera también que no es momento de extenderse en declaraciones sobre estos hechos, «de cara a no obstaculizar la labor de la comisión». Esta formación recuerda, aun así, que «en los cuatro casos hay sentencias firmes. No hay duda de que han sucedido. Ahora hay que aclarar si los responsables de esas situaciones han sido técnicos o políticos del Ayuntamiento».

Muy distinto es el punto de vista del grupo municipal del PSE-EE, que considera «innecesaria dicha comisión». Desde este partido se ha afirmado a HIRIAN que «el tema que ocupa ya ha pasado por los correspondientes tribunales, no apreciándose culpa por parte del Ayuntamiento». Al haber planteado otros grupos la creación de esa comisión, «nosotros no hemos querido que parezca que algo quedaría en la sombra o no suficientemente debatido. Por ello hemos apoyado su creación», se afirma desde el partido que ostenta la Alcaldía.

El sindicato ELA, que junto a LAB lleva años de peregrinaje por Inspección de Trabajo, Osalan y tribunales para lograr que se reconocieran los hechos denunciados por las víctimas, entiende que esas afirmaciones por parte del PSE-EE suponen negar la mayor. «Esa culpa del Ayuntamiento está escrita en las sentencias», subrayan David Otegi y Txema Urrutia, este último delegado de Salud Laboral del Ayuntamiento y secretario del citado sindicato en el Comité de Empresa.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

A la agente de la Policía Local afectada los tribunales le han reconocido, además de su incapacidad, un recargo de prestaciones de un 40%, que deberá abonar el Ayuntamiento y que supondrá alrededor de 200.000 euros a las arcas municipales. El Consistorio ha apelado esa sentencia.

Las responsabilidades personales  no han sido dilucidadas ni en ése ni en los restantes casos. «El problema es que en la administración las culpas se diluyen mucho. Ese tipo de sentencias nunca entra a señalar a una persona concreta, con nombres y apellidos, como responsable del acoso. Y las consecuencias económicas las paga todo el pueblo», señalan desde  el sindicato ELA.

Las otras tres víctimas, todas varones, ocupaban altos cargos en el Ayuntamiento de Errenteria. «Cuando uno es jefe, no tiene muchos superiores», hacen ver Otegi y Urrutia, que apuntan que hay que mirar, por tanto,  a altas instancias del Consistorio para buscar a los responsables del mobbing.

Estos tres trabajadores padecen una enfermedad mental, a consecuencia de lo sucedido, y en uno de ellos el acoso derivó, además, en un infarto. Se da la circunstancia de que todas las víctimas eran «personas exquisitas en el trabajo y amantes de la labor que desempeñaban». El acoso se materializó, según los representantes de ELA, a través de un ninguneo, de un descargo de sus funciones y de su firma de poder, «puenteándoles y no permitiéndoles hacer su trabajo, que tanto les gustaba». La agente municipal empezó a sufrir este tipo de situaciones tras declarar en un juicio contra cargos superiores.

David Otegi afirma que la parte sindical considera más graves, si cabe, estos hechos, «porque no apreciamos ningún espíritu de enmienda. No hay, por parte del Ayuntamiento, ningún ánimo de aceptar que algo no se ha hecho bien». Txema Urrutia añade que un inspector de Osalan reconoció a la representación de los trabajadores que «en 25 años de profesión no se había encontrado un caso tan grave como el de Errenteria».

«Se está actuando con total impunidad», se lamentan. Dicen esperar que «de la Comisión de Investigación salga, al menos, un sistema de control que evite que se puedan volver a producir este tipo de situaciones».

 

 

Cuarta denuncia de acoso laboral

EL TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DENUNCIA UN BOICOT HACIA ÉL

"En un solo año me vaciaron de funciones, me pagaban por no hacer nada, me hundieron"

(Extractos del artículo de NOTICIAS DE GIPUZKOA del 20/11/2010)

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/11/20/economia/en-un-solo-ano-me-vaciaron-de-funciones-me-pagaban-por-no-hacer-nada-me-hundieron

"Estuve muchísimo tiempo sin decirle nada a mi mujer y a mis hijos, nada de lo que me pasaba en el trabajo; llegaba a casa y trataba de sonreír, de que no me viesen mal, pero llega un momento en el que ya tienes que ir al psiquiatra, te ponen medicamentos, y pierdes la ilusión. Mi única esperanza ahora es que esta gente que tanto daño me ha hecho no se vaya de rositas".

Juanjo Briega, natural de Errenteria y residente en Donostia, es una de las cuatro personas que han denunciado mobbing o acoso laboral en el Ayuntamiento de Errenteria en los últimos años. Lleva trabajando para el Consistorio como técnico de Protección Civil más de 17 años y ocupa plaza de funcionario desde 1997. A sus 53 años, siente que aún tiene "mucho que ofrecer en su trabajo", en el que dice haber tenido "gran prestigio, incluso internacional". Asegura que sus superiores, con el alcalde José Luis Merino a la cabeza, le "han hundido profesionalmente", "vaciándole de sus funciones en menos de un año" y dejándole apartado en un despacho sin más tarea que "la de consultar el correo electrónico".

Su caso es el cuarto de una serie de denuncias por acoso, concentradas en "dos departamentos del Ayuntamiento" y que ha puesto en solfa al comité de empresa y la propia Corporación municipal. Esta situación ha forzado al Pleno, con el visto bueno del propio partido del alcalde (PSE, 8 concejales) y su equipo de Gobierno (PNV, 2 y Hamaikabat, 1), a aprobar la creación de una comisión de investigación para analizar la situación.

"Se han ensañado conmigo, sabiendo donde daban, donde más duele. Si yo estuviese con un pico y una pala trabajando quizá me habría alegrado de no tener nada que hacer, pero yo no estaba con un pico levantando baldosas, estaba haciendo algo que me encantaba. El trabajo me lo llevaba a casa. No quería ningún reconocimiento ni nada, lo hacía porque estaba enamorado de mi trabajo. De repente, en menos de un año, me vaciaron de funciones. Me pagaban por no hacer nada, Era una situación de boicoteo total. Me han hundido profesionalmente y con unos daños personales irreparables".

La situación que ha llevado a la baja por depresión a Juanjo "coincide con el cambio de Alcaldía" y la llegada de Juan Carlos Merino, en 2003, que en sus función de teniente de alcalde ya conocía la situación de Juanjo Briega y sus tira y aflojas que éste mantenía con el anterior alcalde, por el pago de complementos de su trabajo fuera de horario.

"Yo siempre he tenido un conflicto con el Ayuntamiento, primero con el anterior alcalde, Miguel Buen, por el tema de las horas, pero lo considero un conflicto estrictamente laboral, con sus tiras y aflojas que formaban parte de una negociación. Al final, nos entendíamos. Como no había que llamarme, porque yo estaba pendiente de la emisora para ir donde hiciese falta, pues no se me pagaban esos complementos que sí cobraban otras personas".

Briega no se resignó a "no hacer nada" y reivindicó en repetidas ocasiones que se definieran sus funciones como único técnico de Protección Civil del Ayuntamiento. Desde 2006, año en el que empezó el "verdadero calvario" hasta 2007, fecha de su primera baja, su desesperación le llevó a remitir un correo electrónico al departamento de personal, al médico y al comité de empresa, en el que un "funcionario aburrido buscaba pareja para ir de poteo". "En plan de coña", dice, "porque no me hacían caso ni respondían a mis requerimientos".

"Llegaba a las siete de la mañana. Tenía que mirar los correos y luego me iba a pasear, porque no tenía nada que hacer. Tenía que salir, porque a mí se me caía encima la oficina. De siete a dos era mi horario. El único parecido con mi situación anterior, era que antes también miraba los correos, pero tenía otras 800 cosas que hacer, cursos de salud laboral, planes de emergencia, charlas en colegios, acudir a emergencias...". Juanjo es, entre otras cosas, licenciado en Psicología y cuenta con un Master en Protección Civil y Gestión de Emergencias.

Dice David Otegi, delegado sindical de ELA que sigue su causa, que "esas labores que antes hacía Juanjo tampoco se le pasan a nadie; simplemente, se dejan de hacer. Tenían a un funcionario que llevaba días, meses, más de un año repitiendo que no tenía nada que hacer, y ni le contestaban".

La suya, dice Juanjo, era "una situación de boicoteo total. He denunciado ante Inspección de Trabajo al alcalde, al concejal delegado de personal, y al director de protección, que es el jefe de la policía local". Su caso está ahora en manos de Osalan.

Juanjo se ve joven para no hacer nada, a sus 53 años. Cree que le han hecho pasar "del paraíso al infierno" y se aferra al cariño y reconocimiento profesional que ha recibido y recibe aún hoy incluso desde el extranjero por algunos de sus trabajos: "Mucha gente que se ve acosada, manifiesta falta de autoestima... Yo no. Me siento mal, pero no tengo problemas de autoestima. Me doy cuenta de que quienes no me han reconocido son unos señores mediocres que no saben lo que es Protección Civil y lo han hecho por despecho. No porque yo no valga".

(Artículo de MIKEL MUJIKA)

Tercera denuncia: Osalan e Inspección de Trabajo intervienen

EL TRABAJADOR TAMBIÉN DENUNCIÓ IRREGULARIDADES DEL ALCALDE MERINO Y DE UNA SUBORDINADA SUYA EN MANTENIMIENTO URBANO

(Artículo publicado en el el el periódico GARA el 16/11/2010)
http://www.gara.net/paperezkoa/20101116/232343/es/Osalan-apunta-nuevo-caso-acoso-laboral-Ayuntamiento-Errenteria

Osalan apunta a un nuevo caso de acoso laboral en el Ayuntamiento de Errenteria

Un libro elaborado por varios integrantes del «Observatorio Vasco sobre acoso moral en el trabajo» revela que los casos de acoso se dan, sobre todo, en administraciones locales, donde se tiende a apartar a funcionarios «incómodos». Un trabajador que tuvo durante años como jefe al actual alcalde de Errenteria denuncia haber sido acosado durante años.

Tras la denuncia interpuesta por el Encargado General y, por tanto, responsable técnico del Departamento de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Errenteria ante Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales), dicho instituto ha constatado en un informe, con fecha del 23 de abril de 2010, y al que ha tenido acceso GARA, que el Consistorio de esta localidad ha incumplido reiteradamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en relación a este trabajador.
 

Joaquín Acosta, concejal de Personal del PSE cuando se presentaron las cuatro

denuncias de acoso laboral y bajo cuyo mandato el Ayuntamiento no cumplió la

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según se puede leer en las sentencias

 

Según consta en el informe de Osalan, después de que el Encargado General presentara la denuncia, un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de este organismo con funciones de inspección se reunió con varios responsables del Ayuntamiento, así como con los delegados de prevención del mismo. Posteriormente, en febrero de este año, formuló una propuesta de requerimiento donde, entre otras cuestiones, afirma que el Consistorio incumplió el artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que determina que «el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo».

En este sentido, Osalan señala en dicho requerimiento que en la reunión mencionada, ambas partes admitieron que el Consistorio, de forma reiterada, ha ejercido «un sistema de organización y ordenamiento del trabajo que vulnera las funciones y responsabilidades propias del puesto del trabajador». Por ello, la propuesta concluye que hubo una vulneración durante un largo periodo de años de las condiciones de trabajo del denunciante.

Asimismo, el informe subraya que la evaluación de riesgos psicosociales efectuada en noviembre de 2008 por una empresa externa del Servicio de Prevención en el Departamento de Urbanismo del Consistorio, reflejó «respuestas positivas en relación al hostigamiento psicológico/mobbing» en dicha área. En este sentido, Osalan afirma que «el resultado de la referida evaluación (...) puede hacerse extensivo» al trabajador denunciante. Cabe señalar que en el mismo protocolo para la solución de conflictos en materia de acoso del Ayuntamiento de Errenteria se dice que la intimidación y el acoso se pueden manifestar a través del «vaciamiento paulatino del ejercicio de funciones inherentes a su puesto de trabajo», hecho al que fue sometido el trabajador, según se constata en el informe de Osalan.

Después de formular la propuesta de requerimiento, donde Osalan propuso cinco medidas que debía adoptar el Ayuntamiento, y tras el periodo para que esta parte formulara alegaciones y aportara la documentación que considerara necesaria, Osalan emitió un informe definitivo donde constató y confirmó los incumplimientos de la ley por parte de la institución municipal.

Entre otras cuestiones, el Instituto remarca que el denunciante estuvo de baja desde el 25 de enero de 2008 al 23 de abril de 2009, casi quince meses, y que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) del 30 de marzo de 2010 declaró en sentencia firme que dicha baja derivó de accidente de trabajo, debiéndose resaltar que esta sentencia fue emitida antes de que Osalan realizara sus informes definitivos.

Tras incorporarse a su puesto de trabajo a partir de abril del año pasado, Osalan recuerda que en julio de ese mismo año un informe médico elaborado por una doctora contratada por el Ayuntamiento afirmaba, «con conclusiones rotundas», que la situación clínica del funcionario era «absolutamente incompatible con su desempeño laboral». No obstante, el trabajador tuvo que seguir acudiendo a su empresa durante varios meses más. Ante esta situación, otro informe médico posterior de Osakidetza decía textualmente que «es contraproducente su incorporación a cualquier actividad laboral».

Por todo ello, y porque el denunciante acudió a trabajar hasta el mes de octubre, fecha en la que se le otorgó otra vez la baja, el informe de Osalan concluye que el Ayuntamiento no sólo no accedió a las recomendaciones médicas que tenía, sino que el denunciante acudió al trabajo durante más de 110 días hasta que recibió la nueva baja, lo que supone un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Junto al citado informe de Osalan, este diario también ha tenido acceso a otros escritos entregados en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa. En uno de ellos, con fecha del 13 de noviembre de 2008, el trabajador afectado relata las actuaciones del Ayuntamiento de Errenteria entre los años 2000 y 2008. Explica que su relación laboral con el Consistorio comenzó en 1984 y que en 1997 fue nombrado encargado general del Departamento de Mantenimiento Urbano.

«Campaña de hostigamiento»

En los últimos ocho años, afirma este trabajador, han querido arrastrarle «a una situación de aislamiento» con «intentos de disminuir» sus funciones, así como de modificar el organigrama de su departamento, para, en definitiva, «acentuar el control» sobre su persona y poder «culminar la campaña de hostigamiento».

Como detonante de los hechos, relata que a partir del año 2000 se empezó a nombrar en diversos listados municipales a una persona como trabajadora del área de Mantenimiento Urbano, «cuando nadie de este departamento sabía quién era, porque no trabajaba en el mismo», según el relato del funcionario, y añade que la documentación que tiene, y que ha sido aportada tanto a la Inspección como a Osalan demuestra «claramente» su versión. Asimismo, afirma que realizó varios informes a diferentes responsables del Consistorio, avisando de que esa trabajadora no pertenecía a su departamento. No obstante, «no recibí ninguna respuesta», narra en su escrito.

Explica también que en 2002 se aprobó crear para la plantilla municipal del año 2003 una plaza de Arquitecto Técnico en el área de Mantenimiento Urbano del que él era Responsable Técnico, «sin ser consultado ni informado». El funcionario afirma, al respecto, que esta plaza se creó en base a un informe del actual alcalde de Errenteria, Juan Carlos Merino, entonces concejal-delegado del departamento, en el que decía que «dada la cantidad de trabajo generado por el departamento de Mantenimiento Urbano, y a las excesivas funciones que presenta el Encargado General, se solicita la incorporación al departamento de un Arquitecto Técnico que colabore con el anterior». No obstante, según el denunciante, la persona que ocupó dicha plaza, que era casualmente la nombrada en los listados mencionados de años anteriores, no apareció en dicho departamento en dos años, ni en los años anteriores.

Además, las bases interinas que se crearon para ocupar la nueva plaza fueron denunciadas en la prensa por el comité de empresa por considerar que «la plaza ofertada por el equipo de gobierno no es transparente, y más bien tiene un cierto aire de chanchullo». «Los hechos posteriores han demostrado que no perdonaron mi actitud de desear que todo este proceso se diera con la mayor transparencia», afirma el funcionario.

En definitiva, en su escrito entregado en la Inspección de Trabajo y corroborado después en los informes de Osalan, denuncia que «han intentado excluirme de funciones que corresponden a mi puesto de trabajo: rebajando, por la vía de los hechos, mis competencias». Al mismo tiempo, relata que la gran acumulación de trabajo que tenía supuso una situación de estrés continuo que denunció en varios informes, sin tener nunca respuesta alguna por parte de la empresa. Esta situación fue, según el trabajador, la causa de que en enero de 2008 tuviera una baja de 15 meses debida, según sentencia judicial, a «accidente de trabajo». Finalmente, en febrero de este año el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente.

A la vista de los hechos, y según consta en otro documento al que GARA ha tenido acceso, los delegados de prevención del Ayuntamiento, después de que el trabajador se dirigiera a ellos exponiéndoles los hechos con una abundante documentación, presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa pidiéndole que abriera una investigación para esclarecer los hechos «que podían encajar en un supuesto de acoso laboral». Posteriormente, en numerosas ocasiones, y ante diferentes organismos, dichos delegados han solicitado reiteradamente que se investigue adecuadamente el caso del citado trabajador.

Esta Inspección, según consta en diversos escritos de delegados de prevención municipales, hizo tres requerimientos al Ayuntamiento, pero éste no los cumplió. Uno de los requerimientos fue que la persona que ocupó la nueva plaza que se creó en Mantenimiento Urbano fuera trasladada a otro departamento. No obstante, esa persona no sólo no fue trasladada, sino que ahora ocupa el puesto del trabajador denunciante.

Posteriormente, la Inspección de Trabajo se ha apartado de este tema ya que, según reconoce el propio responsable de este organismo en un documento, el Departamento de Empleo de Lakua ha determinado que la Inspección de Trabajo no es competente en materia de salud laboral en las Administraciones Públicas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ya que esta competencia corresponde a Osalan por el Decreto 20/2008. Así, el Jefe de la Inspección confirma que en el asunto de este trabajador «la investigación y el informe de Osalan son válidos».

Además del informe de Osalan, que investigó el conflicto desde la perspectiva de la prevención de riesgos, otra sección de este organismo, la Unidad de Salud Laboral, analizó desde la perspectiva médica la actuación de la empresa con el trabajador durante 2009. En este informe se afirma que el Servicio de Prevención municipal no actuó debidamente. lo que motivó un informe de Osakidetza para corregir su actuación. Las últimas conclusiones de este informe son clarificadoras ya que constatan que el Ayuntamiento no respetó el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales «poniéndolo (al trabajador) en situación de peligro dada la gravedad de su estado».

«Acoso en la Administración pública»

Asimismo, y según fuentes a las que ha tenido acceso este diario, tanto Osalan como la Autoridad Laboral tienen también conocimiento de una serie de presuntas irregularidades de otra índole ocurridas en el departamento municipal del que era responsable el trabajador y que ocurrieron sin que éste pudiera evitarlas, y que se relacionan con actuaciones realizadas por el actual alcalde cuando era su jefe inmediato, y por la funcionaria que ocupa ahora su puesto.

En este sentido, cabe señalar que el libro «El mobbing en las Administraciones Públicas: cómo prevenirlo y sancionarlo», fruto del trabajo de un conjunto de especialistas integrantes del «Observatorio Vasco sobre acoso moral en el trabajo» dice lo siguiente: «El acoso moral laboral respecto a los empleados públicos frecuentemente proviene de sus superiores, fundamentalmente si aquel lo padecen técnicos o quienes ostenten puestos relevantes en la estructura administrativa que pueden convertirse en incómodos ante cambios de tendencia política. De hecho, la experiencia práctica de los Tribunales suele producirse en este ámbito y, sobre todo, en Administraciones Locales dada su estructura en la que se dan casos en los que se tiende a apartar a funcionarios incómodos o que, con sus informes, puedan dificultar el desarrollo de actuaciones que interesan al nuevo poder».

Aprueban la creación de una comisión para que investigue los cuatro casos

A propuesta de los electos de la izquierda abertzale del Ayuntamiento de Errenteria, el Consistorio aprobó el pasado 29 de octubre la constitución de una comisión de investigación para esclarecer las circunstancias que han llevado a que en un breve plazo cuatro trabajadores municipales hayan sufrido accidentes de trabajo, tras los cuales el Ayuntamiento ha recibido sentencias en su contra.

Y es que, junto al caso del trabajador expuesto en este reportaje, se valorará el caso de un ingeniero técnico que desempeñaba la función de técnico del departamento de Urbanismo en el Ayuntamiento, al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y sentenció que dicha incapacidad derivó de accidente laboral.

Otra persona que trabajaba como policía municipal fue, según sentencia judicial, objeto de acoso constante por parte de sus superiores. El INSS le reconoció también la incapacidad permanente y determinó que el origen de la enfermedad que padece «fue la conducta de hostigamiento laboral de la fue víctima».

El tercer caso se refiere a Juan José Briega, técnico de Protección Civil, quien denunció que en 2005 sus superiores comenzaron a vaciar de funciones su puesto y que desde entonces fue acosado. También en este caso los tribunales sentenciaron que la baja que tuvo Briega en 2007 fue de origen laboral.

(Artículo de AMAIA ZURUTUZA)

Dos primeros casos de acoso

 PRIMER ARTÍCULO QUE SE PUBLICÓ SOBRE ESTA LACRA

Sentencias firmes contra el Ayuntamiento de Errenteria por dos casos de acoso moral y laboral

(Extracto del artículo del periódico GARA del 25/10/2009)

http://www.gara.net/paperezkoa/20091025/163296/es/Sentencias-firmes-contra-Ayuntamiento-Errenteria-dos-casos-acoso-moral-laboral

Varias sentencias firmes han fallado en contra del Consistorio de Errenteria por acoso moral y laboral contra dos trabajadores municipales. Ambas han sido contundentes y han determinado la incapacidad permanente absoluta de los empleados por causas laborales con diagnósticos que evidencian un estado de salud preocupante.

Una de las denuncias sobre las que ha tenido acceso el diario GARA parte de un ingeniero que desempeñaba la función de técnico del departamento de Urbanismo en el Ayuntamiento de Errenteria. En este caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció a dicho trabajador la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo con un cuadro clínico de......y que evidencia un estado de salud preocupante. Aunque en un primer momento el instituto, sentenció que la incapacidad derivó de accidente no laboral, en el año 2008 determinó que el motivo fue laboral.

Acoso por parte de sus superiores

El segundo caso se refiere a una persona que desempeñaba el cargo de policía municipal en el municipio. Según consta en la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número dos de Donostia con fecha del 26 de octubre y a la que GARA ha tenido acceso, esta persona, tras declarar en un juicio por prevaricación contra sus superiores, fue objeto de acoso constante por parte de éstos, que hicieron todo lo que estaba en sus manos para provocar su salida del cuerpo, ignorandole y haciéndole de menos.

Añade, que «la persecución» por parte de sus jefes durante años fue «la causa directa» de la depresión severa que padece. Por ello, la sentencia determinó que el origen de la incapacidad permanente absoluta que le reconoció la INSS, «fue la conducta de hostigamiento laboral de la que fue víctima».

Asimismo, la sentencia sostiene que su cuadro clínico es consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas existiendo una «evidente negligencia por parte del Ayuntamiento» que permitió que fuera objeto de «acoso y represalias».

Una vez firme la sentencia que reconocía el acoso laboral y moral que había sufrido dicha persona, y consciente de la negligencia por parte de los responsables municipales, en el año 2008, al igual que en el caso anterior, formuló una demanda solicitando un recargo de prestaciones, así como una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Consistorio. En este caso, la reclamación patrimonial también fue admitida a trámite aunque fue desestimada por el alcalde. Cuestión, que a ambos reclamantes no les sorprende, pues, entienden, que de otra manera estarían echando piedras sobre su propio tejado. Esta decisión, ha dado pie también en este caso a la posibilidad de realizar dicha reclamación por vía judicial. Vía que está ya en marcha y cuyo resultado se conocerá más tarde o más temprano.

Con la sentencia firme que estima que las lesiones que padece se debían a una falta de medidas de seguridad que el Ayuntamiento debía adoptar y no adoptó, la víctima presentó una demanda de recargo de prestaciones para que se impusiera al Ayuntamiento un recargo sobre las prestaciones de la Seguridad Social que tiene ya reconocidas. En respuesta a dicha solicitud, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (TSJPV), con fecha de 17 de setiembre de 2009, dictó sentencia al respeto. En la misma, el tribunal considera probado, que desde la declaración en el juicio contra sus superiores, hasta que se le declaró la incapacidad absoluta, el Consistorio, que en ese momento estaba regido por Miguel Buen, actuó de manera ilegal atentando contra la salud de esta persona. Ya que, como recoge la sentencia, conocía la situación de acoso, la consintió y no adoptó medidas para evitarla, y en consecuencia provocó esta grave situación.

Concretamente, el tribunal estimó que «la falta total de evaluación de los riesgos laborales por parte de la entidad local demandada, tuvo una influencia determinante en la producción del daño sufrido». Para dicha estimación, entre otras cuestiones, apunta al «comportamiento antijurídico del Ayuntamiento, al incumplir su deber de evaluar los riesgos laborales de los puestos de trabajo».
Por ello, el tribunal ha impuesto una sanción económica al Ayuntamiento. Sanción, que recae sobre los bolsillos de todos los contribuyentes ya que tendrá que ser abonada desde las arcas municipales. El coste económico que el Consistorio deberá abonar, un gasto importante en su globalidad, representa un incremento en un 40% de la prestación que le otorgaron a esta persona desde la Seguridad Social. A modo de estimación, la cantidad ascendería a los 665.000 euros. Esta estimación correspondería al 40% de la prestación que debe pagar el Consistorio en aplicación a los atrasos, que se aproximaría a los 65.000 euros, y al 40% aplicado sobre la esperanza de vida, calculada sobre la media de los 80 años, y que superaría los 600.000 euros. Asimismo, la gravedad del caso ha llevado a determinar al tribunal, que la sentencia debe ser notificada al Ministerio Fiscal para determinar posibles responsabilidades penales.

No son los únicos casos

Parece ser que las actitudes en el seno del Ayuntamiento de Errenteria que provocaron estas situaciones se encuentran bien arraigadas y no han desaparecido. Ya que, el Consistorio se enfrenta ahora a otros dos posibles nuevos casos. En ambos, los trabajadores denuncian de forma insistente su situación de acoso laboral por parte del Ayuntamiento. Los dos han sido examinados por un especialista, cuyo coste ha sido satisfecho por el Ayuntamiento. En sendos informes los especialistas determinan una situación de salud preocupante desaconsejando la realización del trabajo de forma temporal dado que en la situación en la que se encuentran el desarrollo de su actividad laboral sería perjudicial para su salud.

«Mobbing» o la violencia psicológica en el sistema público

Según varios expertos, en referencia al Estado español, el personal docente de la Administración pública del Estado o de las Comunidades Autónomas es un colectivo especialmente afectado por el mobbing. La abogada Elena Torres señala en un artículo que el mobbing sobre los empleados públicos frecuentemente proviene de sus superiores, «fundamentalmente si lo padece el personal técnico o quienes ostentan puestos relevantes en la estructura administrativa». Añade que la experiencia práctica de los tribunales con el mobbing suele producirse en este ámbito, y sobre todo, «en Administraciones Locales» en las que se dan casos «en los que se tiende a apartar a funcionarias o funcionarios incómodos». En este sentido, recuerda, que los poderes públicos deben velar para evitar situaciones de mobbing en las Administraciones.

(Artículo de AMAIA ZURUTUZA)

Una empresa enferma

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA: Una administración enferma

Las denuncias por acoso laboral cuestan ya 900.000 € al Consistorio de Errenteria

Quedan pendientes de juicio aún dos de los cuatro casos

(Artículo de Noticias de Gipuzkoa del 17/09/2012)

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/09/17/economia/las-denuncias-por-acoso-laboral-cuestan-ya-900000-euros-al-consistorio-de-errenteria

Las cuatro denuncias por acoso laboral que acumula el Ayuntamiento de Errenteria en los últimos años están saliendo muy caras a este municipio de Oarsoaldea y amenazan con ahondar en la herida después de que el Consistorio encajase la pasada semana una nueva sentencia condenatoria que le obliga a indemnizar con 284.000 euros a un arquitecto municipal que denunció su situación por hostigamiento en el trabajo entre los años 1995 y 2007.

El suyo no es más que uno de los cuatro casos abiertos por posible mobbing que afectan a funcionarios del Ayuntamiento de Errenteria durante los mandatos de los alcaldes Miguel Buen y Juan Carlos Merino, ambos del PSE-EE, entre 1992 y 2007. Los denunciantes por acoso laboral sufrieron afecciones psíquicas que derivaron en bajas médicas de larga duración e incapacidades permanentes. Aunque todos tienen, en el ámbito de la salud, reconocimiento por enfermedad laboral, el del técnico de Urbanismo (arquitecto) -sus iniciales son J.A.I- es el segundo de los cuatro que ha llegado a juicio, mientras otros dos están pendientes aún.

Con todo, y pese a que quedan casos por resolver, la Justicia ha condenado ya al Ayuntamiento de Errenteria a pagar unos 900.000 euros entre indemnizaciones directas y recargos de prestaciones. Este último concepto responde a un depósito que le exige la Seguridad Social al Consistorio para hacerse cargo de parte de las pensiones por incapacidad que se les han concedido a los dos afectados con sentencia favorable por enfermedad laboral con responsabilidad por parte del Ayuntamiento.

El primer revés judicial importante que sufrió el Ejecutivo de Errenteria llegó hace ya más de tres años y hacía referencia al caso de una exagente de la Policía municipal que declaró en contra de un superior en un juicio. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) condenó en julio de 2009 al Ayuntamiento de Errenteria "por responsabilidad empresarial". Le imponía asumir un recargo del 40% en las prestaciones asignadas por la Seguridad Social a esta extrabajadora municipal, lo que suponía depositar 200.000 euros en la Seguridad Social; luego le siguieron otros 200.000 que decretó otro juez a modo de indemnización por los daños causados.

En el citado fallo del TSJPV, el tribunal estimó que había concurrido "responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo", lo que dio lugar a un "hostigamiento continuo" que, finalmente, originó la "baja médica" por problemas psíquicos de la exempleada municipal en diciembre de 2004.

La misma sentencia reconocía el "acoso sistemático" al que había sido sometida la agente desde que en 1994 declaró en un juicio contra un superior. Su caso continúa abierto hoy en día en los tribunales con sendos recursos por ambas partes.

Paralelamente, el arquitecto municipal de Urbanismo cuya sentencia se acaba de conocer esta semana, J.A.I., venía siendo acosado en el trabajo -según admite ahora un juez- entre 1995 y 2007. El afectado reclamó 600.000 euros por el daño moral causado y las secuelas que afectaron a su vida personal. El Juzgado de lo Contencioso de Donostia admite que la "fatal gestión y administración fue el determinante de su agotamiento psíquico y lo llevó a la anulación total de su personalidad".

El magistrado, al mismo tiempo, considera probado que desde 1995 el Ayuntamiento conocía la "penosa situación" del trabajador y reconoce la presión inhumana que tuvo que soportar por parte de los responsables políticos de turno, que en ese momento eran del PSE-EE. Y todo, por oponerse, con criterios técnicos, a varios de los planteamientos del Gobierno municipal.

En lo referente a este caso, el Consistorio ya ha adelantado a la Seguridad Social otros 200.000 euros por recargo de prestaciones, lo que eleva la cantidad total desembolsada a unos 900.000 euros si se suman ahora los 284.000 de indemnización.

Comisión de investigación

En cola de espera, hay otros dos afectados. Se trata del responsable de Mantenimiento Urbano del Consistorio. Su caso debería ser el siguiente en pasar por los juzgados. Lleva de baja desde finales de 2009 y se encuentra en situación de incapacidad permanente por "accidente laboral de origen psicosocial" , tal y como han reconocido sentencias judiciales. El TSJPV admitió que la incapacidad temporal y la posterior incapacidad permanente eran de carácter laboral. El cuarto caso afecta al técnico de Protección Civil, que actualmente permanece de baja y con tratamiento psiquiátrico.

Esta situación no es desconocida para el resto de grupos de la Corporación municipal, ya que las cuatro denuncias de mobbing causaron una gran convulsión en el Ayuntamiento entre 2010 y 2011, cuando comenzaron a conocerse las primeras decisiones judiciales.

Alarmados por que un mismo Ayuntamiento acumule cuatro denuncias con indicios de responsabilidad del Gobierno municipal, se procedió a la apertura de una comisión de investigación política, pese a las reticencias iniciales del PSE, partido en el Gobierno.

Finalmente, la comisión formada por los grupos políticos eludió buscar culpables y planteó una serie de medidas para evitar más casos de mobbing.