(Artículo de NOTICIAS DE GIPUZKOA del 04/07/2011)
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/06/04/economia/la-comision-elude-buscar-culpables-y-plantea-medidas-para-evitar-mas-casos-de-mobbing
CASOS DE ACOSO LABORAL EN EL AYTO. DE ERRENTERIA
La comisión elude buscar culpables y plantea medidas para evitar más casos de 'mobbing'
Los ediles de ezker abertzalea emiten un voto particular que reclama responsabilidades
Las conclusiones que firman PSE, PNV, EB y H1! pasan por alto nuevas graves acusaciones que documentó un afectado
Todos los que estamos aquí tenemos claro que eso no debería haber pasado” JOSEBA ETXARTE (Concejal PSE)
Unas conclusiones que se limitan a plantear medidas de control y pedir que el "respeto" impere en las relaciones entre políticos responsables de áreas y sus subordinados. El escrito final se aferra al cumplimiento "escrupuloso" de los organigramas de trabajo y los procedimientos fijados en cada caso, para evitar así situaciones que pudieran derivar en situaciones de acoso laboral. Además, pide a los departamentos que realicen procesos de valoración periódicos para la detección de problemas y que se cree un grupo de intervención que haga cumplir todas estas medidas.
El documento fue firmado por los representantes del PSE, PNV, EB y H1! en la comisión municipal de investigación, pero no llevó la rúbrica de los tres miembros de la izquierda abertzale (no adscritos), quienes emitieron un voto particular en el que inciden en la necesidad de aplicar mecanismos encaminados a depurar responsabilidades.
Según las propias conclusiones de los ediles no adscritos (ANV) , "de la documentación aportada se deduce que estos hechos han sido posibles por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico y de las que se derivan responsabilidades que nos toca depurar. Pero es que además, en el transcurso de la comisión hemos tenido conocimiento de posibles actuaciones irregulares que la Ley nos obliga a investigar. No podemos eludir esta responsabilidad, sin probablemente incurrir en actuaciones de carácter delictivo".
El voto particular cita nuevas posibles actuaciones irregulares del Ayuntamiento, reveladas en la comisión por uno de los afectados -exresponsable de Mantenimiento Urbano-, y recogidas en papel como "trabajos de empleada municipal para empresa privada; adquisición de material a familiar directo; entrega gratuita de material municipal de obra a empresa privada; trabajos de pintura por parte de trabajadores municipales durante su jornada de trabajo en edificio privado; o "falsificación de ficha laboral".
La presentación de las conclusiones de la comisión se produjo en un clima de tensión. Se ponía sobre la mesa el trabajo de numerosas sesiones en las que han comparecido dos de los cuatro afectados -los otros dos no quisieron hacerlo-, además de los testigos que, tras escuchar las argumentaciones de los denunciantes, fueron llamados a declarar. El proceso de contrastar versiones llevó a citar en tres ocasiones a uno de ellos y en dos a otro; incluso, una vez finalizado este periodo, fueron necesarias dos reuniones más para acordar las conclusiones. Cada uno de los nueve miembros de la comisión -PSE (3), ANV (3), PNV (1), EB (1) y H1! (1)- guarda un CD con la grabación de todas las sesiones.
Investigación de manos atadas
Las dificultades para elaborar el texto final eran obvias, pues los dos casos estudiados implicaban de una u otra manera a la Alcaldía, en manos del PSE (tres miembros en la comisión), en equipo de gobierno con PNV y H1! (dos miembros más).
Esta tensión se trasladó a su vez a la rueda de prensa de presentación de las conclusiones, donde las preguntas de los periodistas molestaron al edil socialista José Ángel Rodríguez, que se remitió una y otra vez al texto de conclusiones finales cuando se pidió a los miembros de la mesa una valoración más personal de lo que han visto en el ejercicio de su labor de investigación. "Todos los que estamos aquí tenemos claro que eso no debería haber pasado", zanjó otro concejal socialista, Joseba Etxarte.
Ya el pasado sábado, el Pleno aprobó una moción de los ediles no adscritos para que se inicie un procedimiento interno que determine la posible responsabilidad patrimonial del alcalde en funciones, Juan Carlos Merino, el exalcalde Miguel Buen -ambos socialistas- y dos cargos de la Policía local en el único de los cuatro casos de acoso que cuenta con una sentencia en firme (el resto siguen en los tribunales).
Se plantea que sean los responsables de mobbing y no las arcas públicas las que hagan frente a la multa de 220.000 euros que el Ayuntamiento ha tenido que depositar en la Seguridad Social como recargo (40%) de prestaciones a una exagente de la Policía local que sufrió un "hostigamiento continuo" durante casi una década tras declarar en un juicio en contra de sus jefes en 1994.
(Artículo de MIKEL MUJIKA)
El documento fue firmado por los representantes del PSE, PNV, EB y H1! en la comisión municipal de investigación, pero no llevó la rúbrica de los tres miembros de la izquierda abertzale (no adscritos), quienes emitieron un voto particular en el que inciden en la necesidad de aplicar mecanismos encaminados a depurar responsabilidades.
Según las propias conclusiones de los ediles no adscritos (ANV) , "de la documentación aportada se deduce que estos hechos han sido posibles por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico y de las que se derivan responsabilidades que nos toca depurar. Pero es que además, en el transcurso de la comisión hemos tenido conocimiento de posibles actuaciones irregulares que la Ley nos obliga a investigar. No podemos eludir esta responsabilidad, sin probablemente incurrir en actuaciones de carácter delictivo".
El voto particular cita nuevas posibles actuaciones irregulares del Ayuntamiento, reveladas en la comisión por uno de los afectados -exresponsable de Mantenimiento Urbano-, y recogidas en papel como "trabajos de empleada municipal para empresa privada; adquisición de material a familiar directo; entrega gratuita de material municipal de obra a empresa privada; trabajos de pintura por parte de trabajadores municipales durante su jornada de trabajo en edificio privado; o "falsificación de ficha laboral".
La presentación de las conclusiones de la comisión se produjo en un clima de tensión. Se ponía sobre la mesa el trabajo de numerosas sesiones en las que han comparecido dos de los cuatro afectados -los otros dos no quisieron hacerlo-, además de los testigos que, tras escuchar las argumentaciones de los denunciantes, fueron llamados a declarar. El proceso de contrastar versiones llevó a citar en tres ocasiones a uno de ellos y en dos a otro; incluso, una vez finalizado este periodo, fueron necesarias dos reuniones más para acordar las conclusiones. Cada uno de los nueve miembros de la comisión -PSE (3), ANV (3), PNV (1), EB (1) y H1! (1)- guarda un CD con la grabación de todas las sesiones.
Investigación de manos atadas
Las dificultades para elaborar el texto final eran obvias, pues los dos casos estudiados implicaban de una u otra manera a la Alcaldía, en manos del PSE (tres miembros en la comisión), en equipo de gobierno con PNV y H1! (dos miembros más).
Esta tensión se trasladó a su vez a la rueda de prensa de presentación de las conclusiones, donde las preguntas de los periodistas molestaron al edil socialista José Ángel Rodríguez, que se remitió una y otra vez al texto de conclusiones finales cuando se pidió a los miembros de la mesa una valoración más personal de lo que han visto en el ejercicio de su labor de investigación. "Todos los que estamos aquí tenemos claro que eso no debería haber pasado", zanjó otro concejal socialista, Joseba Etxarte.
Ya el pasado sábado, el Pleno aprobó una moción de los ediles no adscritos para que se inicie un procedimiento interno que determine la posible responsabilidad patrimonial del alcalde en funciones, Juan Carlos Merino, el exalcalde Miguel Buen -ambos socialistas- y dos cargos de la Policía local en el único de los cuatro casos de acoso que cuenta con una sentencia en firme (el resto siguen en los tribunales).
Se plantea que sean los responsables de mobbing y no las arcas públicas las que hagan frente a la multa de 220.000 euros que el Ayuntamiento ha tenido que depositar en la Seguridad Social como recargo (40%) de prestaciones a una exagente de la Policía local que sufrió un "hostigamiento continuo" durante casi una década tras declarar en un juicio en contra de sus jefes en 1994.
(Artículo de MIKEL MUJIKA)
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